La Constitución Española de 1978 establece el derecho a la educación para todos los españoles en su artículo 27 y encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos.

El problema del absentismo escolar no es nuevo, pero cobra un nuevo sentido y una nueva magnitud en el marco de una escolarización obligatoria que persigue el desarrollo de competencias básicas para la vida de la persona, como ser humano y como ciudadano. La inasistencia frecuente al centro o a clase por parte de los alumnos se convierte así en un problema educativo que puede conducir al fracaso escolar y al abandono del sistema educativo, y en un problema social, en la medida que puede constituir el origen de distintas formas de inadaptación o de marginalidad.